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Hace unos días el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, expresó que para hacer frente caída de la renta petrolera y la nueva política fiscal de Estados Unidos. veía con buenos ojos subir el impuesto predial cuyo cobro es competencia de los municipios para el caso de los Estados y para el gobierno central, en el caso de la Ciudad de México.

¿Qué significa aumentar el cobro de esta contribución? De entrada, Meade Kuribreña aportó cifras que contextualizan el problema: mientras México recauda apenas el 0.2% del PIB por este impuesto, en América Latina el promedio es del 1.7%, para Estados Unidos el 3.2%, en tanto que para la media de los países de la OCDE es de 2.2%.

Esta bajísima recaudación, en principio, evidencia el deficiente o nulo trabajo de los 2456 municipios con los que cuenta el país, con algunas contadas excepciones; por lo que es cierto, tiene que realizarse un trabajo recaudatorio mucho más eficiente, libre de dogmatismo, ajeno a la agenda electoral de los partidos y su evidente repercusión en las elecciones para los cargos de elección popular al interior de los Cabildos, en su mayoría cada tres años.

La caída de la renta petrolera repercutió directamente en la disminución de fondos federales destinados a los Ramos 28 y 33  del Presupuesto de Egresos de la Federación, bolsa de donde se nutren, en algunos casos, hasta el 95% de las Haciendas Municipales y más del 80% de los recursos de gobiernos estatales. De ahí que los Ayuntamientos y Gobernadores sean los primeros en alzar la voz. Esta caída obedeció a dos factores: la reforma energética peñista y la caída de los precios internacionales del crudo.

No obstante, veamos el tema global. Un contribuyente se encuentra afecto al impuesto predial por los bienes inmuebles con los que cuenta cuyo pago es, ya se dijo, realizado al Municipio y en la CDMX  a la Secretaría de Finanzas; al pago del impuesto cedular, a la nómina y al hospedaje en aquellas entidades federativas donde están legislados. A nivel federal paga el Impuesto al Consumo por bienes o servicios recibidos, llamado IVA y al Impuesto al incremento patrimonial, denominado Impuesto sobre la Renta, además de todas las contribuciones que en forma de Derechos, Aportaciones de Seguridad Social, contribuciones de mejoras, etc. Así que aumentar impuestos no es cosa sencilla ni mucho menos aceptada de facto por los contribuyentes.

Un punto debe señalarse de manera enfática a los señalamientos del titular de Hacienda. El Impuesto sobre la Renta como el IVA no son facultades primigenias expresamente conferidas a la Federación, sino que son residuales a favor de los Estados. Luego entonces, ¿por qué el SAT federal los cobra? Pues es resultado de los convenios de adhesión y colaboración en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal donde los estados han cedido esa facultad a cambio de que la Federación les “participe” los beneficios de la renta petrolera.

Entonces, en el nuevo esquema fiscal derivado de la reforma peñista puede resultar que los Estados se cuestionen la viabilidad y continuidad de ese esquema donde la federación es la que cobra, parte y reparte y lleguemos a nuevos escenarios que quizá, marquen un nuevo federalismo, donde los estados graven y cobren su riqueza (ISR) y el consumo (IVA) y sólo aporten su parte proporcional a la Federación.

Como dato de contexto dejamos en el tintero el siguiente dato: el 27 de mayo de 2013 se publicó una reforma constitucional y se adicionó el inciso r) a la fracción XXIX del articulo 73, para dotar al Congreso de facultades para expedir una Ley General que homologue y armonice los catastros municipales y registros públicos de la propiedad. ¿Qué significa? Que la federación tendrá la llave maestra de todo el catastro nacional y la memoria documental registral. Veremos en donde termina este galimatías fiscal.

En conclusión, cobrar más y mejor el impuesto predial no es forzosamente la solución ante el escenario actual; las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña, en especifico la energética, hacen necesario evaluar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hacia nuevos esquemas mucho más equitativos y proporcionales.