Fecha y lugar que se imparte

Descripción del curso

• Contadores públicos, compliance officers y responsables de cumplimiento.
• Abogados fiscalistas, penalistas y corporativos.
• Directores administrativos, financieros y gerentes de auditoría interna.
• Sindicaturas y órganos de gobierno en empresas medianas y grandes.
• Estudiantes avanzados de maestría y doctorado en fiscal o derecho.
• Profesionales que desean comprender la interacción entre fiscalización digital, riesgo penal y materialidad económica.

• El CFF 2026 cambia profundamente la dinámica entre autoridad y contribuyente.
• El artículo 49-Bis introduce un esquema sumario, intrusivo y de efectos inmediatos, donde la suspensión de facturación opera desde la primera visita.
• La presunción fiscal adquiere efectos casi penales.
• La reforma al 113 Bis y la armonización con el artículo 19 constitucional hacen que las operaciones simuladas puedan activar prisión preventiva oficiosa.
• El CSD se convierte en un indicador de riesgo económico real.
• El nuevo criterio del 17-H Bis (4 veces el crédito fiscal firme) implica un juicio de capacidad contributiva material, ligado a la solidaridad fiscal del art. 31-IV.
• La defensa probatoria es ahora digital: fotografías certificadas, hash, metadatos y cadena de custodia.
• Ya no basta “tener documentos”; es indispensable acreditar autenticidad y trazabilidad.
• Desde una perspectiva filosófica, el curso analiza:
• La tensión entre legalidad formal y verdad material. • La pregunta: ¿puede un procedimiento administrativo funcionar como una “medida cautelar penal”? • El modelo contemporáneo del Estado fiscal basado en presunciones tecnológicas.
• Las empresas enfrentarán auditorías más agresivas (SAT anunció 16,000 revisiones para 2026)

Temas a tratar
• Incremento en procedimientos contra EFOS y EDOS
• Procedimiento sumario que puede paralizar operaciones
• Materialidad insuficiente o mal documentada
• Riesgo penal real
• Criterio económico del SAT: “Si puedes facturar en grande, puedes pagar tu crédito firme
• Escenarios en los que el contribuyente no puede aportar pruebas suficientes en 24 días

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