Estar incluido en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) representa un golpe fulminante para el patrimonio, la operatividad y la reputación de cualquier persona física o moral. Ante una situación tan delicada, el procedimiento administrativo previsto en el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) se convierte en la principal vía de garantía de audiencia.
Sin embargo, en la práctica, muchos contribuyentes y abogados cometen omisiones procesales graves que facilitan el actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora. A continuación, desglosamos los errores más comunes y las estrategias procesales clave para armar una defensa contundente.
El grave error de autorizar notificaciones por correo electrónico
Uno de los descuidos más comunes en el escrito inicial de comparecencia ocurre al señalar los datos de contacto. Si en dicho escrito expresas: “autorizo para recibir notificaciones el correo electrónico…”, le estás facilitando a la autoridad notificarte resoluciones y requerimientos en cualquier momento y bajo sus propios términos.
El consejo legal: En el escrito inicial únicamente debes señalar correos para efectos de contacto o para oír y recibir documentos de tus abogados designados, sin autorizar expresamente a la autoridad para practicar notificaciones formales por ese medio.
Lo que dice la ley: El propio artículo 116 Bis 2 establece que la resolución administrativa que decida si procede o no la permanencia en la lista debe ser notificada por oficio dentro de los plazos legales.
¿Cuándo está verdaderamente “integrado” el expediente?
La ley marca que, una vez formulados los alegatos y aportadas las pruebas, la autoridad cuenta con un plazo determinado para emitir su resolución a partir de que el expediente esté debidamente integrado.
Una estrategia procesal indispensable consiste en solicitar a la UIF que realice diligencias de cotejo, confirmación o verificación de los documentos aportados ante las entidades correspondientes (instituciones de crédito, SAT, Registros Públicos, etc.). Mientras no obren en autos las respuestas de dichas autoridades ratificando la información, el expediente administrativo no puede considerarse cerrado ni debidamente integrado, lo que abre la puerta a demostrar dilaciones e ilegalidades en los plazos fijados por la ley.
La falta de motivación y el pretexto de la “Seguridad Nacional”
Es frecuente que en la resolución final la UIF se limite a señalar que las pruebas aportadas (declaraciones fiscales, estados de cuenta, facturas y contratos con fecha cierta) “fueron valoradas pero resultan insuficientes”, o a escudarse de forma genérica en razones de “seguridad nacional” sin detallar la causa.
La autoridad administrativa tiene la estricta obligación constitucional de motivar:
Qué hechos y pruebas tuvo por acreditados y cuáles por desvirtuados.
Cuáles son los razonamientos jurídicos específicos por los cuales la trazabilidad y materialidad aportadas no son idóneas.
La simple negativa genérica carece de debida fundamentación y motivación, convirtiéndose en el eje angular para combatir la resolución en sede contenciosa.
La ruta de litigio: Juicio de Amparo Indirecto y Juicio de Nulidad
Tener una resolución desfavorable de la UIF no significa que el patrimonio esté perdido. La defensa debe desplegarse en dos planos estratégicos:
Juicio de Amparo Indirecto: A partir de que se tiene conocimiento formal del bloqueo a través de la institución bancaria, corre el plazo para impugnar la competencia de origen, las órdenes emitidas y la legalidad del acto de molestia.
Juicio Contencioso Administrativo (Juicio de Nulidad): Se interpone ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de la resolución administrativa de la UIF, haciendo valer las irregularidades en la notificación, la falta de valoración probatoria y las violaciones al debido proceso.
Conoce a fondo la estrategia procesal
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Ver programa: Resolución administrativa de la UIF en YouTube
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