La Ley de Seguridad Interior, una falsa y peligrosa salida al problema de seguridad en el país.
El país ya está militarizado. Lleva así 20 años, desde que Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo la ocurrencia de crear la Policía Federal Preventiva, integrada, inicialmente, con 11 elementos, 6 mil de ellos aportados por las Fuerzas Armadas. De ahí que es erróneo pensar que con la Ley de Seguridad Interior se va a militarizar el país, pues hoy están desplegados a lo largo del territorio los militares y marinos, realizando labores de seguridad pública y procuración de Justicia.
¿Entonces cuál es el problema en la aprobación de la ley en la materia?
En principio, es importante decir que el Ejército no lo es, tampoco las labores para las cuales fue creado y que no son, jamás lo han sido, labores de seguridad pública y menos procuración de Justicia. Para aclarar lo anterior, es importante precisar algunos conceptos. Nuestra Constitución tiene contemplados diversas categorías relacionadas con la seguridad, siendo de hecho, esa labor la justificación misma del Estado. Para ser muy ejecutivos, sólo diremos que el primero es el de seguridad social cuyos objetivos son prever medidas protectoras al salario, vivienda, salud de los trabajadores.
Tenemos también, la seguridad pública, cuyo objeto es la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y la aplicación de sanciones por faltas administrativas. Después está la Procuración de Justicia, encomendada a lo que se conocía como las policías judiciales, ahora ministeriales, de investigación, que conjuntamente con el Ministerio Público y las fiscalías, de acuerdo a la transición de un modelo a otro en el Sistema de Justicia Penal tenemos, cuya tarea es la investigación y persecución de los delitos, cometidos por personas.
En tercer orden, es la seguridad nacional, elevada a rango constitucional en el sexenio de Vicente Fox, cuyas referencias documentadas datan de 1968 operada por militares. En 1988 se buscó su profesionalización a través de la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quedando a cargo de civiles y militares la disposición de las amenazas y riesgos contra la estabilidad del Estado y sus instituciones. Es en esa reforma constitucional de 2005 donde se ordenó la emisión de una ley que reglamentara las investigaciones que debieran tener los órganos de inteligencia para que los tomadores de decisiones, es decir el Presidente, lo hiciera con la mayor precisión.
En siguiente nivel, tenemos que el artículo 89 fracción VI constitucional, se previene que el presidente de la República dispondrá de las tres armas de las fuerzas armadas, para la Defensa Exterior y la Seguridad Interior. La primera se ubica en un contexto de invasión y el segundo para el caso de una perturbación grave de la paz pública. Para ello, es preciso la intervención cercanísima del Congreso de la Unión, ya para una eventual Declaratoria de Guerra y en todo caso de suspensión de garantías, en orden a lo que ordena el artículo 29 constitucional, que, leído armónicamente con el diverso 129 de la misma Carta Magna, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar podrá ejercer mayor jurisdicción que las relacionadas con la disciplina militar. Y como es sabido, no ha habido, por décadas una declaratoria de guerra que justifique constitucionalmente la actuación del Ejército en las calles. Aunado a ello, al Ejército se le adiestra bajo la Doctrina de Guerra, para enfrentar al enemigo.
Después de haber precisado lo anterior, ¿cuál es entonces el problema con la ley de seguridad interior? Que de acuerdo al proyecto que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, se normaliza la actuación del Ejército, en tiempos de paz, en labores que corresponden constitucionalmente a los civiles, en la prevención y persecución de los delitos, es decir a realizar funciones de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad nacional, lo que consolida la doctrina del Enemigo Interno, donde todos somos enemigos potenciales del estado, sin una formación sólida en Derechos Humanos.
Tampoco el Ejército es el responsable de esta situación, por el contrario, las fuerzas armadas han sido las paganas de políticas de seguridad fracasadas, la última de ellas, la que emprendió Enrique Peña Nieto, al haber politizado la seguridad pública, haber desaparecido la secretaría encargada de ella y trasladar, sin preparación, técnica ni ciencia, a la gobernación. El Ejército, como institución se la endosado las violaciones por Tanhuato, Tlatlaya, Ayotzinapa, ecologistas violadas en un larguísimo etcétera.
En veinte años se han menguado sistemática y ordenadamente a las instituciones del Estado Mexicano, primero las municipales, después las estatales, luego las federales. Hoy, la respuesta es exponer al Ejército a ese desgaste, sin haber preparado, capacitado, adiestrado a los civiles en esas tareas. ¿Alquien ya se preguntó qué ocurrirá el día que sea superado el Ejército, último bastión del Estado? ¿Qué queda, quién actuará, de qué manera?
Reconocimiento del fracaso en las instituciones que se dedican al tema de seguridad, la decidía y falta de interés en los temas sociales por parte de los gobernantes ha derivado en estas propuestas extremistas, conciencia ciudadana en cuanto al tema y observancia en el correcto destino y utilización de los presupuestos etiquetados para estos rubros que competen el combate a la inseguridad, a la par de otros aspectos como el reforzar la formación cívica y de valores de los habitantes, por decir uno.