En los últimos años, la fiscalización en México se ha descentralizado a través de los Convenios de Colaboración Administrativa entre la Federación y las entidades federativas. Gracias a este esquema, las Secretarías de Finanzas estatales cuentan con facultades delegadas para auditar el cumplimiento de impuestos federales (como ISR e IVA).
Sin embargo, en el ejercicio práctico de estas revisiones surgen vicios de legalidad y vacíos normativos que los contribuyentes, contadores y asesores jurídicos deben conocer para ejercer una defensa técnica oportuna.
En la reciente emisión del programa Fiscalistas SOS transmitido por IMEFI TV, los especialistas Dra. Verónica Mayeli y el Dr. Freddy Estrada analizaron a fondo una pregunta crucial: ¿Es legal que una Secretaría de Finanzas aplique la sustitución de autoridad durante una revisión de gabinete?
A continuación, desglosamos los puntos normativos y estratégicos más relevantes discutidos en la emisión.
Visita domiciliaria vs. Revisión de gabinete: La distinción clave en la ley
Para comprender el problema, es fundamental distinguir la naturaleza jurídica de ambos procedimientos regulados por el Código Fiscal de la Federación (CFF):
Visita domiciliaria (Art. 44 y 46 del CFF): El personal fiscalizador acude de manera física a las instalaciones del contribuyente.
Revisión de gabinete (Art. 48 del CFF): La autoridad notifica y solicita al contribuyente informes, datos o contabilidad para que sean exhibidos directamente en las oficinas de la dependencia fiscalizadora.
¿Qué señala el Código Fiscal sobre la sustitución de autoridad?
El Artículo 44, fracción IV del CFF prevé expresamente la figura de auxilio o sustitución de autoridad:
“Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes para que continúen una visita iniciada por aquellas, notificando al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores…”
El detalle técnico: Dicha disposición aplica de forma estricta y literal a visitas domiciliarias. Si un contribuyente cambia de domicilio fiscal durante una revisión de gabinete, el Artículo 48 del CFF no contempla una regla espejo que faculte a las Secretarías de Finanzas a transferir o sustituir la autoridad fiscalizadora a otra entidad.
Inconsistencias en convenios de colaboración y reglamentos internos
Durante la plática, los panelistas señalaron que la competencia de las Secretarías de Finanzas para fiscalizar impuestos federales deriva de convenios y reglamentos que hoy presentan inconsistencias formales:
Vigencia frente a nuevos reglamentos: Muchos convenios marco entre estados y la Federación fueron firmados en 2015 y actualizados hacia 2020. Con la emisión del nuevo Reglamento Interior de la SHCP (2023) y sus artículos transitorios que derogan disposiciones previas, se abre un debate legal sobre si las autoridades estatales cuentan con una fundamentación territorial, por materia y grado debidamente ratificada.
Falta de fundamentación en la Ley de Ingresos: Cada ejercicio fiscal faculta y ratifica aspectos de coordinación hacendaria; no obstante, con frecuencia los requerimientos omiten citar con exhaustividad estas bases, contraviniendo la debida fundamentación y motivación exigida por el Artículo 16 constitucional.
Límite de solicitudes de información: A diferencia de las actas parciales en visitas domiciliarias, el artículo 48 alude en singular a la solicitud de información; emitir requerimientos múltiples y reiterados sin soporte legal vulnera los plazos fatales previstos en el Artículo 46-A del CFF (12 meses).
El talón de Aquiles estatal: La ausencia del Buzón Tributario
Otro de los vicios procedimentales analizados es el requisito de comunicar hechos u omisiones mediante Buzón Tributario.
El Código Fiscal contempla la vía electrónica como formalidad indispensable en ciertos tramos del procedimiento. No obstante, en la gran mayoría de las entidades federativas, las Secretarías de Finanzas no cuentan con buzones tributarios propios ni habilitados por el SAT, recurriendo a notificaciones o requerimientos en papel fuera del marco estricto que exige el procedimiento digital.
La defensa fiscal no se trata de evadir obligaciones, sino de exigir que el Estado cumpla estrictamente con el principio de legalidad: las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite expresamente.
Si tu empresa o clientes enfrentan una revisión de gabinete a nivel estatal:
Verifica meticulosamente la competencia de quien firma el requerimiento.
Revisa los plazos de inicio y conclusión para evitar caducidades o extralimitaciones.
Evalúa la fundamentación legal ante cualquier intento de sustitución de autoridad por cambio de domicilio.
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